jueves, 21 de septiembre de 2017

Modelo para recortar/Model per retallar

Plaça de l'Ajuntament de Figueres, 20 de septiembre de 2017, 19:56


Queridos lectores,

Quería dedicar ésta y las próximas semanas a discutir toda suerte de temas centrados en la energía y en la educación, con varias contribuciones ajenas destacadas, pero la vorágine de las últimas horas en Cataluña me ha hecho desviarme de mi plan inicial. Querría ser capaz de aislarme del tumulto que me rodea y centrarme en los temas específicos de los que versa este blog, pero la degeneración de la situación en el lugar donde vivo y trabajo hace muy difícil mantener la cabeza serena; incluso, ponerse a discutir los temas menos locales y más trascendentes de los que nos solemos ocupar en esta esquinita de internet podría ser interpretado como una cierta frivolidad o, peor aún, voluntad de ninguneo de la agitación social que llega a todos los ámbitos de la vida cotidiana; pero, ¿cómo ignorar el eco de las sirenas de los coches policiales que ayer retumbaron incluso a través de las paredes de mi laboratorio?

Haré un breve resumen (obviamente personalmente sesgado pues resulta imposible de evitar tal sesgo) acerca de qué pasa y, más importante, de cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que tal resumen es importante no sólo para mis lectores de allende nuestras fronteras, sino que quizá puede llegar a ser útil también para aquéllos de mis compatriotas que pudiera ser el caso que hayan perdido perspectiva de las cosas que han ido pasando durante estos años.

Ayer se plasmó de manera dolorosa la diferente concepción de lo que es un proceso político para el Govern de Catalunya y para el Gobierno de España: durante largas horas la Guardia Civil registró numerosas dependencias de la Generalitat de Catalunya y detuvo a catorce personas, la mayoría de las cuales eran altos cargos de la administración catalana. Como reacción a lo que consideran un atropello, miles de ciudadanos de Cataluña se lanzaron a las calles a protestar (mi instituto se quedó medio vacío), de manera mayoritariamente pacífica, delante de los lugares donde se estaban produciendo los registros y las detenciones. La razón de esta medida de tanta fuerza fue la orden del juez que investiga la comisión de delitos asociados a la preparación del referéndum convocado para el domingo 1 de octubre por la Generalitat al amparo de una ley aprobada por el Parlament de Catalunya, ley recurrida por el Gobierno de España delante del Tribunal Constitucional y que ahora mismo está suspendida. Basándose en esa suspensión cautelar, el Gobierno de España considera delictiva la convocatoria del referéndum, y ha dado instrucciones a la Fiscalía General y a los cuerpos policiales españoles para que tomen las medidas adecuadas para evitar ese referéndum, al tiempo que se ha querellado contra todo el Govern y unas cuantas personas más. Durante las últimas semanas se ha producido un goteo de registros y requisa de material propagandístico y de papeletas, que hasta ahora fue tomado a risa por el sector independentista de la ciudadanía, hasta que se produjeron el asalto a las dependencias de la Generalitat y las detenciones de ayer. Para el Govern de la Generalitat, ayer se traspasaron muchas líneas rojas, que le han servido para demostrar qué pueden esperar de una negociación con el Estado español.

¿Cómo se ha pasado del vodevil de los últimos años al drama actual? Y, más importante aún, ¿se puede evitar que el drama acabe en tragedia? No puedo entrar a resumir todo lo que ha pasado hasta ahora: el lector interesado en profundizar más sobre esto puede leer mi primera entrada sobre el puzzle catalán, de hace 5 años, cuando la olla independentista comenzaba a  hervir; o la que escribí hace 4 años (con una segunda entrada analizando la viabilidad económica de un nuevo estado desde el punto de vista del capital internacional), o la última, que data de hace 3 años (cuando se produjo la consulta alegal del 9N), aunque el tema de Cataluña sale una y otra vez en este blog, dado el interés que tiene para mi por ser el lugar donde vivo y también por ser un problema de primer orden en España. Déjenme que escoja una serie de hechos de todos esos posts que he mencionado más arriba para situar someramente la discusión actual, sin entrar en más detalles aquí.

Por un lado, sabemos que Convergència Democràtica de Catalunya, el partido conservador que ha gobernado la Generalitat durante casi tres décadas  (no seguidas), ha ido derivando hacia posturas cada vez más independentistas con el curso de los años. Es cierto que en un principio esta deriva fue una excusa para hacerse perdonar por los recortes sociales que implacablemente aplicó aquí, con verdadero convencimiento, la propia Convergència. Maniobra que ciertamente dió sus frutos, pues con la cada vez mayor deriva soberanista el rechazo por los recortes al estado del bienestar y también a los tremendos escándalos de corrupción de este partido han pasado a un segundo plano. Pero no es menos cierto que el soporte electoral de Convergència (ahora redenominado Partit Demòcrata Europeu Català, PDeCat, cambio de nombre que justamente se produjo para escapar de algunos de los escándalos de corrupción más graves y que afectaban a su cúpula y a la estructura misma del partido) se ha ido degradando y que en unas eventuales elecciones autonómicas sufriría una caída histórica. En su huida hacia adelante, los líderes de Convergència aka PDeCat se enrollaron en la bandera catalana y abrieron una caja de los truenos que llevaba muchos años cerrada y que ahora no pueden volver a clausurar. El ascenso de Carles Puigdemont, independentista convencido, a la presidencia de la Generalitat, aupado con los votos de los otros dos partidos independentistas, ERC y CUP, ha llevado al escenario actual de confrontación abierta con el Estado español, reclamando para la Generalitat una legitimidad de Estado soberano que justamente es lo que se tendría que discutir vía referéndum. Sin embargo, la coalición gobernante en la Generalitat, formada por el PDCat y ERC, ha tenido demasiada prisa por sacar adelante su proyecto de independencia porque sabían que la ciudadanía independentista no admitiría de grado una nueva dilación de plazos tras siete años de agitación popular continua, y porque además las encuestas muestran que el retroceso electoral que sufriría el PDCat pondría en cuestión la actual  hegemonía independentista en el Parlament. Básicamente, así lo comprendieron, era ahora o nunca y se han decidido por un ahora atropellado, lleno de errores de bulto, manipulaciones groseras y falta de respeto a los procedimientos que han hecho las delicias de sus oponentes.

Por el otro lado, tenemos a un Gobierno español regido por el conservador Partido Popular (PP), con Mariano Rajoy al frente, urgido también por sus muchas necesidades. Pues durante los últimos años se han destapado numerosísimos casos de corrupción que afectan a prácticamente toda su cúpula y que comprometen incluso el sistema de financiación del propio partido (situación muy análoga a la de Convergència). Además, la lenta pero progresiva degradación de su base electoral, unida a la actual fragmentación del parlamento español con la irrupción de fuerzas políticas de nuevo cuño, llevaron a una repetición de elecciones primero y a muy feas maniobras para evitar una segunda repetición electoral, incluyendo un tumultoso proceso dentro del progresista y opositor PSOE, que primero defenestró a su líder Pedro Sánchez para facilitar la constitución de un gobierno del PP por medio de la abstención, pero que luego se vio obligado a restaurar a Sánchez en su cargo por el apoyo indiscutible de las bases. En este momento el PP gobierna sin mayoría en el Parlamento español y con el otro gran partido, el PSOE, en una posición tibiamente hostil (ciertamente tibia, pues le está dando un apoyo "crítico" en su manera de encarar el desafío soberanista en Cataluña). Delante del que posiblemente sea el mayor reto institucional de España desde la restauración de la democracia hace 40 años, la actitud del Gobierno del PP ha sido la de dejar que sean los tribunales los que se encarguen de parar el proceso independentista, ya que obviamente la independencia de Cataluña no es legal de acuerdo con las leyes españolas. El problema es que los procedimientos judiciales, en un sistema garantista como el español, son en general demasiado lentos, y en todo caso muy lentos para detener lo que el Gobierno no quiere consentir de ningún modo, que es que llegue a producirse la votación el 1 de octubre que pudiera en cierta manera legitimar a los independentistas. Por ese motivo, a través de la Fiscalía y de instrucciones a los cuerpos de seguridad, el PP ha pretendido acelerar algunos procesos, llegando a las detenciones preventivas de ayer, muy discutibles desde un punto de vista legal. Pero no tiene muchos otros recursos: en repetidas ocasiones se ha dicho que el Gobierno de España podría aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender total o parcialmente una autonomía española, pero aunque el PP controla el Senado y podría hacerlo, se arriesgaría a sufrir una moción de censura en el Congreso (gracias a mi padre por la corrección). Así las cosas, el Gobierno de España prepara el desembarco de 4000 policías nacionales en Cataluña en los próximos días, con el cometido probable de intentar evitar físicamente que se produzca la votación y eventualmente detener a todo el Govern el día 2 de octubre (no antes, para evitar espolear a que más gente vaya a las urnas).

Hay una cosa un tanto extraña, visto desde una perspectiva europea, en este conflicto institucional, y es la falta de diálogo entre los partidos independentistas catalanes y los partidos españoles. Después de las múltiples demostraciones de fuerza en la calle durante los últimos cinco años y de los resultados en las últimas elecciones autonómicas en septiembre de 2015, en las que los partidos independentistas se presentaron con un programa explícito a favor de la independencia, es evidente que en la actualidad el independentismo catalán tiene un soporte social muy amplio, sin duda por encima del 40% de la población. Sin entrar en la discusión de si el independentismo es mayoritario o no en Cataluña, en cualquier otro país con mayor tradición democrática un porcentaje tan abultado y constatado de apoyo a esa causa forzaría a que se abriera un diálogo entre las dos partes, diálogo que concluiría con la celebración de un referéndum organizado y amparado por el Estado español, como así ha sucedido en tantos otros lugares. Un referéndum libre y transparente, en que las dos opciones podrían ser defendidas con amplitud y claridad. A fin de cuentas, desde el punto de vista de un demócrata no tendría demasiado sentido forzar a los habitantes de un territorio a pertenecer a un país si mayoritariamente no lo desean, pues en la concepción moderna de lo que debe ser un país es una asociación libre por el mutuo interés, no algo inmutable sino, por el contrario, algo negociable y revisable. Además, como demuestra la experiencia de otros países, si se discuten las cosas con serenidad lo más probable es que en tal referéndum el no a la independencia hubiera ganado, porque en todo el mundo occidental la población tiende a ser conservadora en sus elecciones y preferir la estabilidad de un status quo funcional que les garantiza pan y seguridad a una aventura de incierto futuro.

Sin embargo, en España existe aún una minoritaria pero masiva percepción esencialista que impide cualquier aproximación moderna y racional al problema, un esencialismo labrado tras largas décadas de dictadura y adoctrinamiento, y que ha conseguido pervivir, casi inconscientemente, y que es sustentado ahora por muchos que no vivieron esa dictadura. Un esencialismo según la cual España es una idea superior y trascendente que está por encima de las ideas y de las vidas de sus individuos: es el viejo adagio franquista de "España es una unidad de destino en lo universal". Una concepción trascendente de España es comparable con un sentimiento religioso exaltado, que no admite ni enmiendas ni discusión. A un fanático religioso no se le puede plantear la celebración de un referéndum para decidir si Dios existe o no; "¡Qué tontería!" - te diría - "Es obvio que Dios existe". Del mismo modo, al esencialista español no se le puede plantear la celebración de un referéndum para decidir la independencia de Cataluña, "¡Qué tontería! Si Cataluña es España". Desde esa perspectiva esencialista española, si fuera cierto que existiera una amplia mayoría de catalanes que quisiera la independencia de Cataluña sólo podría ser porque han sido abducidos, engañados o se les ha lavado el cerebro, con una actitud paternalista que considera a los otros equivocados porque uno conoce la verdad máxima, la cualidad trascendente de España, que no puede ser cuestionada y es la verdad siempre. Llevada al extremo, hay quien en un arrebato considera que, en vez de sentarse y dialogar para entender los argumentos del otro, considera que lo que tendría más sentido es echar a los catalanes al mar o incluso destruir Barcelona con un misil, cualquier cosa antes que aceptar que Cataluña y sus gentes simplemente siguieran su rumbo como un país diferente, cualquier cosa antes de aceptar que la actual configuración de España no es una verdad indiscutible sino una construcción humana y por tanto provisional y revisable. En vez de querer construir un espacio común de encuentro donde todos los que quieran se sientan incluidos, el esencialismo español se considera legitimado para imponer su verdad por la fuerza si ello fuera preciso. Y el problema aquí es que el PP (y una parte del PSOE) se arropa en el esencialismo español, igual que Convergència lo hace con la bandera catalana y con igual motivo de hacerse perdonar sus muchos pecados. Y al igual que a Convergència, es una estrategia que al PP le ha funcionado bien, incluso se podría decir que mejor que a sus homólogos catalanes.

Por supuesto la posición ultranacionalista que representa el esencialismo español no es fácilmente homologable al nivel de las democracias europeas, y para salvar la cara se usa un discurso poco inteligible con unos esquemas bastante rígidos para justificar su negativa a negociar con los independentistas catalanes. Desde el Gobierno de España se habla repetidamente de respetar la ley, pero sin tener en cuenta que lo que está en discusión no es la legalidad sino la legitimidad; y si bien los partidos independentistas catalanes no están legitimados para saltarse todas las leyes españolas a la torera y a su conveniencia, tampoco están los partidos españoles legitimados a ignorar la amplia base social que en Cataluña reclama un cambio de status quo, en un debate que podía y debía ser tratado desde las instancias españolas en vez de ser ninguneado. La clásica argumentación de que si lo que pretenden los catalanes es cambiar la Constitución española lo que deben hacer es conseguir el apoyo de una mayoría de dos tercios de las cámaras españolas es completamente tramposo y torticero, pues la población de Cataluña no representa dos tercios de la de España y desde el punto de vista de España la independencia de Cataluña no es interesante, confrontando de nuevo la legitimidad que es del pueblo español con la legitimidad que quiere ser del pueblo catalán. Dar vueltas sobre la legalidad española es absurdo e inútil porque la cuestión de fondo es si se debe considerar al pueblo catalán sujeto legítimo de derecho del modo que lo es el español, y sólo desde la grandeza de miras y un verdadero convencimiento democrático podrían los legítimos representantes del pueblo español aceptar discutir la eventual legitimidad de los representantes del pueblo catalán. Un pueblo catalán que por supuesto es diverso y en el que una parte importante del mismo no querría tal independencia y que también debe ser oído y respetado, como oído y respetado debe ser quien sí lo desea. Y al final de una larga negociación, encontrar una fórmula adecuada para dirimir el conflicto. Pero nada de eso está sobre la mesa, uno y otro bando sólo usa argumentos repetidos y cíclicos que usan la legalidad preferida como si fuera la vara de todo medir, ignorando cualquier legitimidad que no sea la propia.

El desastre que inevitablemente sobrevendrá el 2 de octubre abrirá un nuevo capítulo de este conflicto de legitimidades no reconocidas disfrazado de conflicto de legalidades. La frustración de un 2 de octubre que no se parecerá a lo que hubieran deseado, no por la falta de apoyo a la independencia sino por la imposición forzada de la españolidad, dejará profundas marcas en el independentismo catalán. Un independentismo que, con el devenir de los años, podría acabar incubando un esencialismo catalán parejo al español, esencialismo que por más que se empeñen en denunciar es todavía inexistente a una escala digna de ser apreciado, pero que eventualmente puede acabar sobreviniendo. Un esencialismo catalán que puede, como un agujero negro, ir absorbiendo razones y sumiendo a sus víctimas en el mismo tipo de negro no-razonamiento que demuestran quienes son presas del esencialismo español, que sólo busca la aniquilación del disidente. Y es que por desgracia la radicalidad es un pozo del que resulta muy difícil salir.

Yo hace años que vivo aquí, y he aprendido a amar a esta gente y a esta cultura que generosamente me  acogió. Veo con inmensa preocupación la lenta pero inexorable deriva hacia la radicalidad de familiares y de gente a los que llamo amigos y a los que quiero, a ambos lados de la frontera. Estos días de mierda en los que ahora estamos sumidos nos llevan a razonamientos de mierda y a discusiones de mierda de donde, lógicamente, sólo podemos salir cubiertos de mierda. Me comentaba hoy mismo un compañero que ha tenido que salirse de 4 grupos de whatsapp porque ya no lo soportaba. Los que no somos de aquí pero vivimos aquí teniendo muchos vínculos allá recibimos muchos mensajes de gente a la que parecería que ya no conocemos, en las que al final nos reprochan nuestra falta de adhesión a una de las dos causas.

¿Qué espacio nos queda a los de la equidistancia imposible, a los que no queremos vernos envueltos en ningún esencialismo irracional, a los que creemos que hay otros muchos problemas de mucho calado que necesitan ser abordados? ¿Con qué ley seremos juzgados los que no queremos la independencia de Cataluña pero comprendemos a aquéllos que sí la desean? ¿Qué veredicto merecemos los que pensamos que el estado español es profundamente corrupto y decadente, y necesita reformas urgentes que no han querido ser abordadas en tantas décadas por culpa tanto de los dirigentes españoles como de los catalanes? ¿Qué pena se nos reserva a los que amamos a gente que se odia por su defensa encarnizada de entes abstractos?

Una vez más, nuestra dificultad para reconocer el colapso nos lleva a él de manera irremediable. Mientras los que dicen dirigirnos se abocan a una lucha terrible que las masas convencidas jalean, se acerca una nueva recesión económica, los problemas de disponibilidad de recursos están a la vuelta de la esquina, la degradación ambiental no puede esperar más a ser tratada y comienzan a sonar, aún poco audibles, los tambores para las próximas guerras por los recursos. Hablar de todo ello en este momento se considera una frivolidad, una distracción, cuando la verdadera distracción es esta lucha fratricida mientras se nos echa encima la oscura noche.


Salu2,
AMT

martes, 12 de septiembre de 2017

Sucedió en el Parlament



Queridos lectores,

Durante la última semana, España ha vivido un choque institucional sin precedentes. Lo que muchos creían que nunca llegaría a ocurrir, al final ha ocurrido. No me entretendré con los detalles: los lectores que viven en España los conocen probablemente hasta el hastío, y para los que viven fuera baste decir que la mayoría parlamentaria independentista en el Parlament de Catalunya ha conseguido aprobar las leyes para convocar el referéndum el 1 de octubre y la eventual creación de una república catalana. Por supuesto que estas leyes se atribuyen a sí mismas un rango superior a las españolas, cosa que obviamente las instituciones españolas no pueden aceptar, con lo que el choque institucional y de legitimidades es intenso en este momento.

Al margen del devenir de este nuevo capítulo de la deriva soberanista catalana (el cual obviamente acabará sin la proclamación de la república catalana en este momento, pero también de manera obvia incrementará la presión independentista de cara al futuro), en medio de este maremágnum se ha producido un episodio insólito y de gran significado: en nombre de la Candidatura d'Unitat Popular, CUP (movimiento autodeclarado anticapitalista e independentista, que da apoyo a la mayoría gobernante en Cataluña), el diputado Sergi Saladié (que es profesor universitario cuando no está en el Parlament) presentó una interpelación sobre el decrecimiento al vicepresidente y responsable de economía de la Generalitat, Sr. Oriol Junqueras, a la sazón presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. Es la primera vez que una moción de cualquier tipo en ese sentido se discute en un parlamento nacional en España, y por ello mismo se trata de un evento importantísimo.

Contexto

La presentación de esta interpelación motivó una entrevista a Sergi Saladié que Manuel Casal publicó en 15/15\15 (de donde sin pudor he tomado prestada la "estelada decrecentista" que abre este post). La entrevista ya es bastante elocuente sobre las propias disensiones y divergencias dentro de la CUP, que deja claro que el sacar adelante esta interpelación viene más del empeño de Sergi y de algunas personas que le apoyan que de un sentimiento mayoritario en la CUP. Con todo, marca un gran e importante precedente. Como también lo marca la respuesta que Oriol Junqueras le da a la dicha interpelación.

Conviene recordar que ERC es un partido que conoce bien lo que es el peak oil y los límites del crecimiento: su anterior presidente, Joan Puigcercós, habló abiertamente del tema en alguna ocasión y notablemente en un programa de la televisión autonómica, y en esta legislatura la portavoz de ERC, Marta Rovira, hizo mención explícita al peak oil durante el fallido debate de investidura de Artur Mas. Así que resulta especialmente oportuno analizar la discusión que se establece entre Sergi Saladié y Oriol Junqueras a raíz de esta interpelación. Les hago un resumen de la misma antes de analizar los aspectos más destacados.

La interpelación y sus réplicas

Sergi Saladié pone la interpelación (ver vídeo) en el contexto del proceso constituyente de la nueva república, explica que por decrecimiento se entiende un proceso ordenado de reducción de actividad y consumo, y que de acuerdo con muchos indicadores ya estamos en un proceso de decrecimiento, pero no ordenado. Menciona que los recursos son limitados y que la capacidad de absorción de residuos también es limitada, mientras que el capitalismo alimenta el mito del crecimiento infinito. Explica que la huella ecológica de Cataluña es de 6,7 veces mayor que su territorio y que para ello se apropia de los recursos de otros países. Más tarde recuerda que la propia Agencia Internacional de la Energía reconoció el peak oil del crudo convencional en 2010, y que desde entonces se han propuesto muchas falsas soluciones a este problema, introduciendo nuevos hidrocarburos líquidos de baja calidad y alto coste, lo que ha llevado a la ruina a muchas empresas, y que ahora mismo las compañías petroleras están desinvirtiendo de manera salvaje. Y que además lo mismo pasa o pasará pronto con carbón, uranio y gas. Añade que algunos economistas llevan tiempo avisando que estos cenits nos llevan a una crisis económica indefinida (menciona a James Hamilton). Acaba pidiendo una reflexión para hacer frente a estas realidades.

Contesta Oriol Junqueras (ver vídeo). Comienza su intervención agradeciendo la oportunidad de hablar de estos temas en el Parlament (como si alguien se lo hubiera impedido hasta entonces, por otro lado). A continuación, discute sobre qué significa decrecimiento, si en general o si respecto al punto de vista económico, y dice que respecto al uso de recursos naturales seguramente está muy de acuerdo con Saladié (dejando implícito que por la parte económica no lo están) e incidiendo en que la solución es la mejora en la eficiencia y mejor uso de los recursos para disminuir su uso. Después habla de lo que significa decrecimiento económico y dice que sobre eso no están tan de acuerdo, ya que el crecimiento es importante para crear empleo y para sostener fiscalmente el estado del bienestar, y que por eso el crecimiento económico es un objetivo destacado. Después, se va a los buenos datos económicos actuales de Cataluña (como si eso demostrara algo respecto a lo que se discute). Con respecto a la huella ecológica, se pierde en una revisión histórica de qué población ha soportado Cataluña, sin duda malinterpretando el término al centrarse en la cantidad de tierras agrícolas necesitadas, y que eso también ha llevado a la catalana a ser una economía abierta. Según Junqueras, el desarrollo tecnológico ha posibilitado acceder a recursos que de otro modo se considerarían agotados, y por eso, el peak oil es un punto cuya ubicación temporal es un tanto difusa pues depende de la tecnología y del precio, y la rivalidad de diversas formas de producción lo hace más difuso todavía, todo ello sin negar que el problema de la sostenibilidad es muy serio. Después se va por una discusión sobre los incrementos de productividad de la economía catalana, mejor que la de los países del entorno, aunque eso no le quita importancia a la necesidad de disminuir el uso de recursos, aunque aquí de nuevo vuelve a confiar en la mejora tecnología. Finalmente, acaba con una breve discusión sobre la evolución del concepto de propiedad en el contexto del capitalismo y su evolución histórica, que promete desarrollar en su contrarréplica.

Replica Sergi Saladié (ver vídeo). Recuerda el estudio de los límites del crecimiento y cómo éste anticipa un colapso a mediados del siglo XXI si no se reacciona. Recuerda que el colapso conocido de las 26 civilizaciones anteriores a la nuestra, citando el libro de Jared Diamond. Según explica, en los cinco casos que Jared Diamond comenta en su libro "Colapso", el colapso se suele producir por una combinación de degradación ambiental y de escasez de recursos, y que, a diferencia de lo que ha pasado históricamente, en este caso estaríamos a punto de enfrentarnos a un colapso a escala global, por lo que sería importante incrementar la resiliencia del territorio. Justamente por eso, comenta, serían necesarios unos cambios radicales, en energía, urbanismo, alimentación y, mas importante aún, en valores sociales, y que este cambio es además urgente y sería comparable al establecimiento de una economía de guerra puesto que, de hecho, estamos en una guerra contra nuestra propia extinción. Justifica la oportunidad de introducir este debate ahora dado el momento ilusionante de la construcción de la nueva república, y por tanto qué mejor ocasión para plantear la cuestión del decrecimiento, puesto que es muy importante y no una excentricidad. Finaliza preguntando si el Govern contempla o ha contemplado medidas para favorecer la soberanía alimentaria y energética.

La réplica final le corresponde a Junqueras (ver vídeo). Contesta, dice, desde la perspectiva del Departamento de Economía y Hacienda, y afirma que cuanto más alta sea la productividad de los factores de producción más sostenible es esta producción, y que la clave es la tecnología. Recuerda que Cataluña tiene recursos donde tiene limitaciones (enfatiza el caso del agua pero sabe que hay otros) y que es necesario actuar. Acepta que ha habido colapsos de civilizaciones (él dice "sistemas económicos") muy completos, pero pone el acento en la cuestión ambiental, centrándose solamente en el cambio climático. Dice que su actuación se centra en favorecer la producción de productos de alto valor añadido, lo que, según Junqueras, da más resiliencia; y recuerda que en Cataluña se ha aprobado una ley del cambio climático. Pero recuerda también que el problema del cambio climático excede los límites de Cataluña. Concluye afirmando que se queda a la espera de las propuestas de la moción concreta que seguirá a esta interpelación, con medidas específicas en los ámbitos de energía, alimentación, agua, etc, que seguramente podrán ser incorporadas legislativamente.

Análisis del debate
 

La intervención de Sergi Saladié es muy centrada y da bastantes datos, a pesar del escaso tiempo disponible para discutir algo tan importante. La contextualización es completamente correcta, y quizá lo único que le habría faltado, por buscarle una pega, sería centrarlo más específicamente en las consecuencias negativas que comportarían para Cataluña la típica respuesta continuista y las falsas soluciones que propone Junqueras.

Me detendré mucho más a analizar las respuestas de Oriol Junqueras, por supuesto, por un doble motivo: primero, porque representa al Govern y particularmente en su cartera económica, pero segundo, porque Oriol Junqueras es una persona inteligente, bien formada y que milita en un partido de izquierdas que, además, es muy consciente de estos problemas como comentamos más arriba. Por tanto, resulta especialmente interesante comprender los argumentos que usa Junqueras para, básicamente, seguir sin hacer nada; en suma, quiero comprender cuáles son los asideros mentales que está usando para aliviar el peso de su conciencia y no caer en las consecuencias lógicas de lo que estamos hablando. Y quiero identificar esos asideros para poder destruirlos y hacerle más difícil evadirse de su responsabilidad la próxima vez.

El primer argumento de Junqueras es un error lógico de la máxima categoría. Afirmar que el crecimiento económico es necesario para la creación de empleo y la sostenibilidad fiscal del estado del bienestar es una tautología, en tanto que uno añada una necesaria coletilla "en el contexto de nuestras democracias liberales capitalistas". Sin entrar a la cuestión de si ésa es el mejor o único tipo de organización social, el argumento de Junqueras es completamente ocioso: lo que plantea Saladié es que será físicamente imposible continuar con el crecimiento, da igual si eso nos gusta o no, si nos conviene o no nos conviene. En ese contexto, decir que necesitamos el crecimiento si queremos tener empleo, estado del bienestar y, en suma, paz social, es reconocer que no hacer frente a la imposibilidad física de volver a crecer implica que deberíamos de cambiar nuestra organización social porque si no tendremos tasas de desempleo enormes, se hundiría el estado del bienestar y, en suma, caeríamos en el conflicto social abierto.

Junqueras, naturalmente, es perfectamente consciente de este non sequitur  (que para él sea necesario el crecimiento no implica que pueda asegurar que habrá crecimiento) y para eso recurre al argumento principal y recurrente de todo su razonamiento: el tecnooptimismo (mejor sería denominarlo "tecnofé") en diversas variantes. Antes de entrar en la discusión de los diversos argumentos tecnooptimistas que usa Junqueras, convendría hacer una consideración de carácter general. Delante de un problema de la gravedad del que se está discutiendo (gravedad aceptada y reconocida en este caso por el señor Junqueras), el peso central de su réplica es que no podemos descartar que el progreso tecnológico mejore la situación. Es decir, que la cosa está complicada pero con un poco de suerte la tecnología nos salvará. Convendrá el Sr. Junqueras que tal actitud es completamente irresponsable e inaceptable en la gestión pública, porque si efectivamente se produce el milagro pues todo va bien, pero como no se produzca se nos aboca al desastre. Por ello mismo, resulta mucho más prudente y aceptable desde el punto de vista de la responsabilidad de los gestores ser mucho más conservador, contar con aquello que de momento se tiene y adaptar las políticas y estrategias a eso; y si posteriormente se producen avances rupturistas será en aquel momento que se podrán relajar adecuadamente las políticas. En suma, es una variante del principio de precaución, tantas veces invocado y otras tantas ignorado cuando se habla del cambio climático. No es sorprendente, como en el caso del cambio climático, que se eluda aplicar el principio de precaución por no poner en riesgo el BAU, puesto que la único que realmente le importa a los responsables políticos es el crecimiento económico por el crecimiento económico, a pesar de que éste está tocado de muerte, si no definitivamente muerto.

La primera referencia a la tecnología que hace Junqueras tiene que ver con la mejora en eficiencia en los procesos productivos y es una loa más o menos clara a la desmaterialización de la economía. Parece creer Junqueras que uno puede reducir la base material y energética de la economía, al tiempo que crece el PIB. Tal suposición es una falacia desmentida tanto por la Historia como por los análisis econométricos: el 70% del crecimiento del PIB responde al uso de la energía, y los tan cacareados ejemplos de mejora de intensidad energética muestran justamente lo contrario de lo que se pretende demostrar, y es que la economía no se desmaterializa en absoluto (quizá a Junqueras le vendría bien leer las actas del encuentro del físico finito con el economista exponencial). En todo caso, al señor Junqueras le convendría revisar las bases teóricas y conceptuales en las que basa su discurso, porque se está tragando como un bendito enormes falacias completamente desmentidas por los datos reales.

En la misma línea, parece creer Junqueras, sin llegar a decir explícitamente a qué se refiere, que la tecnología da acceso a nuevos recursos antes desdeñados. El único ejemplo a gran escala de ese pretendido cambio en los últimos años corresponde a la explotación del petróleo de fracking en los EE.UU., un negocio que, como Saladié le explica en su primera intervención, está llevando a muchas empresas a la ruina y cuya viabilidad es imposible, no siendo una cuestión de precio. Se ve que Junqueras ha aceptado el discurso infantil y simplista de tantos expertos despistados y no comprende que la dinámica del precio en una situación de escasez como la actual es la de la alta volatilidad y de los ciclos de destrucción de oferta y demanda conocidos como "la espiral". Resulta tristemente patético que Junqueras vea la cuestión del peak oil como una cuestión de precios, y que éstos responde actualmente a una dinámica de rivalidad, aceptando la explicación repetida en la prensa salmón española de que todo está en una lucha de precios entre la OPEP y los EE.UU., con el fracking como punta de lanza. Resultaría muy conveniente que el señor Junqueras ampliara su abanico de lecturas e hiciera caso a lo que le explica Sergi Saladié en su primera intervención, quien le comenta que la enorme caída de la inversión del conjunto mundial de las empresas petroleras, por tal de evitar la bancarrota, está llevando a una caída escalofriante de la inversión en nuevos yacimientos que nos condena a sufrir un nuevo pico de precios del petróleo, probablemente antes del fin de 2018, como alertaba el banco HSBC en diciembre de 2016 o la propia Agencia Internacional de la Energía en marzo de este mismo año, aunque ya se indicaba en el informe anual de 2016 (referencias de más enjundia y más acreditadas que las que debe leer Junqueras o sus asesores).

Por otro lado, el Sr. Junqueras cree que si la economía catalana se centra en sectores de mayor valor añadido deviene, de manera natural, más resiliente, cuando es justamente todo lo contrario: los productos de mayor valor añadido son los de mayor complejidad tecnológica, mientras que los servicios de mayor valor añadido son los del sector cuaternario (servicios a servicios, destacando, por su alto valor añadido, los del sector financiero). Ambos sectores son tremendamente vulnerables a los problemas de escasez de recursos: el tecnológico, porque dependen de materiales escasos que necesitan una gran cantidad de energía para su producción; y el sector de servicios, porque su pujanza está condicionada por la disponibilidad de renta de las clases medias (el caso más evidente es el del turismo, principal sector económico de Cataluña) pero ésta está en compromiso por culpa de la imparable devaluación interna que causa la escasez de recursos y la caída de amplios estratos de la población en La Gran Exclusión. De hecho, esa focalización de la economía catalana lo que la vuelve es más frágil, que es lo contrario de ser más resiliente, pero como el Sr. Junqueras está deslumbrado por la buena evolución actual de la economía catalana es incapaz de ver el muro que tiene en frente. Las continuas loas a la mejora tecnológica y la mayor eficiencia en el uso de recursos ignora, recurrentemente, tanto la paradoja de Jevons como que la tecnología no es energía, e implica que el Sr. Junqueras tiene una paupérrima comprensión de cuál ha sido el impulsor real de las pasadas revoluciones industriales.

Por terminar, vale la pena comentar que el tema del cambio climático es también tratado con excesiva ligereza por parte del vicepresident del Govern de la Generalitat. Dada la urgencia del desafío y la gravedad del mismo, es poco aceptable la dilución de la propia responsabilidad del la que hace gala cuando comenta que es un problema que excede el ámbito de Cataluña (si todos los países dijeran lo mismo nadie haría nada). Por otro lado, el cambio climático es sólo uno más de los problemas ambientales a los que hacemos frente; existen muchos otros, generalmente de ámbito completamente local y muchos de ellos que suceden en Cataluña, sobre los que se tendría que actuar y que no se hace absolutamente nada.  


Conclusión:

Las respuestas del Sr. Junqueras a la interpelación del Sr. Saladié han sido realmente pobres y no están mínimamente a la altura de una persona de su formación y experiencia. Si el vicepresident realmente cree en los argumentos que ha dado, es su obligación informarse mejor, particularmente sobre lo que está pasando con la energía a escala mundial y ser capaz de leer otros textos que no las banalidades infundadas que publica la prensa local. Y si realmente se da cuenta de que las cosas no son de esa manera, tiene que entender que ya no queda tiempo para contemporizar con tal de caerle bien al poder económico; estamos ya en la era de las consecuencias y cada mes, cada semana e incluso cada día que perdemos nos aboca a un cambio de consecuencias desastrosas, y la responsabilidad sobre lo que pueda suceder recae especialmente sobre él, puesto que él comprendía y sabía de qué se estaba hablando. Si el año que viene entramos en una nueva oleada recesiva global y Cataluña la encara en peores condiciones de lo que podría será por su culpa principalmente.

Pero la discusión sobre el decrecimiento, crucial en el momento que nos encontramos, ha quedado completamente eclipsada en medio del torbellino informativo que ha supuesto la tensa y caótica aprobación de las leyes catalanas del referéndum y la desconexión. Pues tal y como comentábamos, los conflictos del día a día nos impiden ver y comprender el proceso que seguimos, hasta hacernos incapaces de reconocer el colapso.

Salu2,
AMT

martes, 29 de agosto de 2017

Vidas low cost


Queridos lectores,

Hace ahora poco más de diez días la sociedad catalana y la española quedaron conmocionadas por el atentado cometido por un fanático, armado con una simple furgoneta, en plenas Ramblas de Barcelona. Un chico muy joven entró en la zona peatonal de la concurrida calle turística de la Ciudad Condal y atropelló a más de un centenar de personas, dejando malheridas a varias decenas y matando a 14 de ellas. Después, se dio a la fuga, robando un coche (previo asesinato de su conductor) y consiguió escapar del cerco que prácticamente de inmediato cayó sobre Barcelona. Pocas horas después, unos compañeros suyos intentaron sembrar el terror en el paseo marítimo de Cambrils pero fueron interceptados letalmente por la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, aunque tuvieron la ocasión de matar a otra persona más. Cuatro días más tarde, los Mossos consiguieron dar con el conductor de la furgoneta en un pueblo al sur de Barcelona y lo abatieron. 

Durante esos cuatro días, las pesquisas policiales fueron frenéticas, y gracias a ellas la policía fue capaz de averiguar muy rápidamente que una célula radical, formada por una decena de jóvenes comandada por un imam fanatizado, eran los responsables de los atentados. Casi todos los participantes de esa célula están ahora muertos, y quedan un par de detenidos, a partir de los cuales se intentará reconstruir todos los pasos que dieron los implicados durante los meses y años precedentes al momento de los atentados. Sin embargo, hay un escaso interés en comprender las causas finales (más allá de asumir una maldad sin límites en estas personas) que les llevaron a cometer estas atrocidades, con un absoluto desprecio no sólo a las vidas ajenas sino incluso a las suyas propias.

Se puede caer en el simplismo de creer que todo es debido al perverso proceso de lavado de cerebro y fanatización al que les sometió el imam radical, pero eso implicaría ignorar un hecho fundamental: no todo el mundo es susceptible de abrazar una visión tan radical y con tal desprecio a la vida humana; los más de dos millones de musulmanes que viven en España, obviamente, ni comparten ni aceptan las atrocidades cometidas por estos energúmenos que dicen ampararse en una visión peculiar y muy sectaria del islam. Para que estos jóvenes fueran proclives a aceptar la visión maniquea y radical con la que el imam les hizo mirar el mundo que les rodea era preciso que ellos mismos fueran gente desarraigada, con poco futuro dentro de nuestra opulenta sociedad y a un paso de la marginación y la pobreza. El imam les dio la oportunidad de volver a ser protagonistas de su vida: en vez de tener que aceptar el relato de la Gran Exclusión a la que todos estamos abocados, tenían la quimérica posibilidad de ser los héroes, a los que al final su sociedad recordaría con orgullo.

Los implicados llevaban cinturones explosivos simulados para asegurarse de que, si se enfrentaban a la policía, ésta se viera obligada a matarlos inmediatamente ante el riesgo de que los activaran. Esto demuestra que le concedían un nulo valor a su propia vida, que la meta que pretendían alcanzar era más importante que su mera existencia física. Como en las épocas más oscuras de la Historia de la Humanidad, el valor de la vida humana se vuelve completamente despreciable en el altar de las ideas totalitarias y salvajes.

Una de las cosas que resultan más chocantes de estos sucesos es la rapidez con la que las investigaciones consiguieron descubrir quién estaba implicado y qué medios habían usado. La razón principal de esta celeridad es la gran cantidad de pruebas que se encontraron en una vivienda de la localidad de Alcanar, al sur de Barcelona, que había explotado justamente la noche anterior. Por lo que se ha sabido, fue precisamente esta explosión accidental lo que precipitó los atentados. Los terroristas estaban preparando una gran cantidad de explosivos que querían cargar en tres furgonetas para cometer tres atentados simultáneos aún más mortíferos, pero su escasa formación en la elaboración y manipulación de explosivos llevó a la deflagración, que mató a varios de los miembros de la célula. Los explosivos se habían elaborado con productos químicos relativamente comunes y sencillos de obtener, aunque muy inestables y poco aconsejables para ningún uso. Pero esta decena de radicales no tenían la formación mínima para trabajar con los explosivos. El atropello múltiple de las Ramblas fue una respuesta torpe y chapucera a la explosión de Alcanar, sabiendo que la policía encontraría rápidamente muchos indicios incriminatorios contra ellos, incluyendo documentación personal que les implicaba (no sólo documentos de identidad, sino también contratos de alquiler y comprobantes de compra de diversos objetos). 

Ésta es una de las características notables de los atentados de Barcelona y Cambrils: no sólo fueron baratos, sino que además fueron chapuceros. La guerra civil de baja intensidad que progresivamente se va extendiendo por todo el mundo tiene dos bandos completamente asimétricos: uno que cuenta con fuerzas de seguridad competentes, armadas y entrenadas, y otro que cuenta con individuos excluidos, fanatizados, ignorantes, mal pertrechados y chapuceros. En la guerra silenciosa que se libra en el mundo, estos marginales optaron por la única cosa que podían, por un atentado low cost, usando como armas herramientas de trabajo comunes, básicamente una furgoneta y cuchillos de cocina. Y la determinación de matar y ser matados.

Poco tiempo ha hecho falta para que nuestros fanáticos "de aquí" hayan comenzado a vociferar, clamando que ésta es una guerra entre la cultura occidental y la árabe, entre la religión cristiana y la musulmana, entre nuestra civilización y "la de ellos". Por supuesto, tales afirmaciones no resisten el más mínimo análisis crítico. Las repetidas muestras públicas de condena de la comunidad musulmana nacional e internacional muestran que la mayoría de los musulmanes se sienten horrorizados por la barbarie, demostrando que la de estos bárbaros no es una visión representativa del islam. Se ningunea el hecho, también, de que año tras año más del 90% de los atentados, y más del 95% de las víctimas, de atentados extremistas tienen lugar en países de mayoría musulmana y los que los sufren son, en una amplia mayoría, árabes y/o musulmanes, lo cual sería contradictorio con la visión de choque de culturas, de religiones o de civilizaciones. Pero los hechos le son igual al radicalismo fascistoide que se reivindica como "100% español". En su simplismo totalitario, el radicalismo identitario español considera que un español no puede ser de raza árabe o de religión musulmana, ignorando toda una fracción de nuestra sociedad que son españoles (y no son ninguna otra cosa) y pertenecen a esa raza y/o a esa religión, y a los cuales nuestra Constitución ampara como ampara a cualquier otro español de cualquier otra extracción. Aún cuando la mayoría entiende más o menos esta realidad, el radicalismo identitario español va cuajando entre las clases medias cada vez más depauperadas, cada vez más amedrentadas porque comienzan a entender que de esta crisis no saldremos nunca y que el único destino que se les prepara desde el BAU es La Gran Exclusión. Que en el plan general al que nos aboca nuestra inevitable declive energético, y por tanto material y económico, es al de que nuestras vidas no valgan más que la de los fanáticos de las Ramblas de Barcelona, que sean también vidas low cost como las de ellos, vidas que se pueden sacrificar y aplastar impunemente. Ese miedo a perder nuestro status, nuestra seguridad occidental, nos lleva directamente a la rabia. Una rabia que, como la Historia demuestra, es una pésima consejera y que hace que poco a poco vaya calando la explicación simplista, la que elude nuestra propia responsabilidad, la del radicalismo fascista emergente que podría acabar cogiendo fuerza, y que no es mejor que la de los fanáticos que se creen luchando en una Guerra Santa o Yihad pero que no son más que unos imbéciles de la peor y más canalla especie.

Los asesinos de las Ramblas y de Cambrils no podían estar más equivocados en el método escogido para luchar contra las injusticias del mundo, pero conocían bien y apuntaban certeramente a su objetivo. España, como Estado-nación, no es una institución inocente de la desgracia que sufren los países ricos en recursos naturales (y pobres en todo lo demás), recursos que Europa ambiciona en su loca huida hacia adelante. De acuerdo con el Ministerio de Defensa español, España mantiene actualmente 17 misiones militares en el extranjero que movilizan a más de 2.400 soldados, y en las que España generalmente participa como parte de algún contingente europeo. Muchas de estas misiones tiene como propósito velar por el mantenimiento de algún precario alto el fuego o la distribución de ayuda humanitaria, pero alguna de ellas tienen una justificación o un contexto algo menos respetable (por ejemplo, la cobertura en Malí que da actualmente España a Francia en su guerra por el control del uranio de Níger). Son estas misiones militares, y otras muchas desarrolladas en el pasado, las que consolidan en el delirante imaginario extremista la estampa de una España imperialista y belicosa (al que se añade, en algunos casos, el aún más rocambolesco y alucinado sueño de "recuperar Al-Andalus"). Es por eso que, una vez identificada España como enemigo a combatir, los terroristas han intentando atacar al corazón económico del país, el turismo, y por ello no es casual que hayan atacado la calle más turística de la ciudad española más conocida en el extranjero, Barcelona, que es a la sazón es el destino turístico internacional más importante de España. El sentido de la lucha que plantean los extremistas es aberrante y los métodos son chapuceros e inefectivos a sus pretendidos fines, pero el objetivo está claro y correctamente identificado. Eso hace temer que futuros ataques intenten incidir en el mismo tipo de blanco, que tiene la ventaja de ser más vulnerable que cualquier otro sector. Porque las víctimas de este atentado son gentes de esa clase media occidental que se resiste a desaparecer, que simplemente disfrutaban de un paseo en una zona pintoresca de una ciudad europea, un pequeño placer que aún les resultaba asequible. Vidas low cost que estaban al fácil alcance de unos locos con vidas también low cost.

Es cierto que hay una guerra, pero no es de religiones, de razas o de culturas. Aunque los medios se esfuercen en negarlo, hay una guerra global, sí, y es una guerra de pobres contra ricos. Y de momento ganan los ricos, porque lo que están consiguiendo es que los pobres luchen entre ellos porque les están haciendo creer que lo que importa, lo que explica el sufrimiento y el dolor de todos, es la diferente religión, raza o cultura. Pero no, no es eso. Miren hacia arriba. Miren cómo se codean y comparten mesa los monarcas cristianos con los musulmanes, los jerarcas arios con los árabes, los de la orilla norte del Mediterráneo con los del Creciente Fértil. Mírenlos y comprendan que la lucha es contra la miseria que nos van imponiendo a todos, a los pueblos del Sur antes y más que a nosotros, pero que a nosotros también se nos está imponiendo y más que se nos impondrá. Si quieren buscar un enemigo, dejen de mirar al hermano que tienen enfrente y miren hacia arriba, a esos con vidas premium que consideran que nuestras vidas no valen nada.

Salu2,
AMT

jueves, 17 de agosto de 2017

Sobre la consulta pública para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española



Queridos lectores,

Hace unas semanas, el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (ministerio de competencias un tanto diseminadas, ciertamente) abrió una consulta pública por internet para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. De acuerdo con lo que se explica en esa web, esta ley pretende garantizar los compromisos de España ante la Unión Europea en materia de energía y cambio climático, surgidos tras los Acuerdos de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (la razón de que el compromiso de España sea ante la Unión Europea y no ante las Naciones Unidas proviene probablemente del hecho que es la UE la firmante de los acuerdos de París, lo cual no deja de ser una curiosa delegación administrativa). En la web se nos dice que esta ley será fruto de la participación y el consenso, y nos anima a participar en su elaboración.

Por supuesto, aunque se invite a la participación la libertad de actuación de quien quiera aceptar la invitación es bastante limitada: los que contribuyan deberán contestar a un formulario ya preparado y muy específico, las respuestas del cual se tendrán que insertar en los cajetines de un formulario web. Formulario web que a mi no me funciona (quizá por usar Linux), aunque visto el tenor de las preguntas que se formulan no creo que mis respuestas fuesen de alguna utilidad a los promotores de esta participación ciudadana. Sin embargo, el análisis de las preguntas mismas que se formulan creo que es muy interesante, pues resulta muy revelador sobre cómo entiende el Gobierno de España el problema al que hacemos frente (comprensión que, me temo, es bastante compartida por otros Gobiernos, lo cual hace que el interés de tal análisis tuviera también cierta transcendencia allende nuestras fronteras). Así que voy a dedicar el post de esta semana al análisis crítico del formulario.

Antecedentes:

Antes de comenzar a comentar las preguntas del cuestionario resumiré los antecedentes de la ley, que pueden leerse completos en el apartado del mismo nombre de la web. En primer lugar, nos encontramos con una interpretación de los Acuerdos de París: el objetivo de los mismos es "una transición global que culminará en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático". Al margen de si ésta es o no la interpretación correcta de los Acuerdos, lo que sí que es es toda una declaración de intenciones: se busca un nuevo "modelo de desarrollo" que no tenga la pega del cambio climático. No se dice abiertamente "modelo de crecimiento", pero es más que probable que esa idea está en la mente del legislador. En suma: más BAU, pero píntemelo de verde. 

A continuación, nos indica los dos objetivos de París, no superar los 2ºC y los 1.5ºC de calentamiento (el barullo que se abrió en París, con esos dos guarismos), y nos indica que hay muchas oportunidades de actuación "con co-beneficios para las Administraciones Públicas y sociedad civil". En suma, el discurso de que hay grandes oportunidades esperando, incluso con el cambio climático (lo que me recordó un vídeo del ex-presidente español Jose María Aznar cuando decidió subirse al carro de la lucha contra el cambio climático con el Global Adaptation Institute).

Leemos a continuación cuáles son los objetivos de la UE en los Acuerdos de París: reducción de emisiones de CO2 (respecto a 1990) en un 40% para 2030, que el consumo de energía renovable sobre el total sea del 27% en 2030, intentar que la eficiencia energética mejore un 27% para 2030 y un 15% de interconexiones eléctricas. Con respecto a los dos primeros objetivos cabe decir que son muy ambiciosos: sin una auténtica revolución energética, disminuir las emisiones en un 40% implicaría un descenso del consumo energético de similar magnitud (algo que probablemente puede llegar a pasar), en tanto que incrementar el porcentaje de energía renovable del aproximadamente 9% actual al 27% implicaría lo mismo: revolución o descenso. Ahora, lo que resulta llamativo es ése normativismo de pedir que la eficiencia energética mejore un 27%: ¿por qué un 27% y no un más redondo 25% o 30%?. Sin contar con que mejorar la eficiencia energética depende de los progresos científico-técnicos que se realicen (los cuales no se pueden pautar ni ordenar) y además habrá límites infranqueables que la Termodinámica no nos permite traspasar (los cuales dependerán de cuál sea la eficiencia actual, al margen de que sería conveniente ser más específico sobre la eficiencia de qué exactamente estamos hablando).

Se nos enuncian a continuación los objetivos de la iniciativa europea "Energía limpia para todos", con el que se pretende "acelerar, tanto la transición hacia una energía limpia, como el crecimiento y la creación de empleo, manteniendo la competitividad de la Unión Europea. De esta manera, un sistema energético sostenible es aquel que siendo eficaz en la garantía de suministro, pondera el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos con la protección adecuada del medio ambiente a medio y largo plazo.". Dejando claro que, obviamente, no se comprende el trasfondo de la crisis energética y sus implicaciones sobre el crecimiento, y que en lo que se piensa es buscar una manera adecuada de luchar contra el cambio climático, donde adecuada significa adecuada a nuestro sistema económico y en particular que no lo ponga en cuestión. Los objetivos del paquete "Energía limpia para todos" son tres (y es en torno a ellos, como veremos, que quiere girar la nueva ley española):
  • Priorizar la eficiencia energética
  • Lograr el liderazgo mundial en materia de energías renovables
  • Ofrecer un trato justo a los consumidores
Al fijar estos tres objetivos, en realidad nos están diciendo ya cuál es la solución que se busca: en primer lugar, que se podrá aumentar el ouput económico aunque se disminuya el input energético; en segundo lugar, que las energías renovables van a resolver la papeleta (es decir, van a proporcionar tanta energía como queramos) y además de van a convertir en un negocio lucrativo para Europa; y en tercer lugar, que todo eso no pondrá en peligro ni la economía ni el Estado del Bienestar. Sin embargo, hay tres problemas con esos tres objetivos: el primer objetivo implica la desmaterialización de la economía, una entelequia absurda e imposible, desmentida tras décadas de observación de la economía; el segundo objetivo no considera que las renovables tienen límites y que además son incompatibles con el modelo del libre mercado; y en cuanto al tercer objetivo, obviamente la economía está en peligro como consecuencia de la crisis energética, y probablemente el Estado del Bienestar con ella. Por tanto, los tres objetivos son completamente erróneos y deberían ser reformulados para convertirlos en algo realmente factible, pero, como se nos explica a continuación, los Estados de la UE deben diseñar sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima para dar respuesta a la iniciativa "Energía limpia para todos", que es como la Unión Europea va a vehicular los Acuerdos de París. Así que no es de extrañar que el resto de la discusión vaya de eficiencia energética, electricidad, innovación, competitividad y similares sones. Lo mejor es la frase: "Todos los grupos del arco parlamentario y la sociedad civil comparten la necesidad de elaborar esta Ley." Quizá sí hay acuerdo en elaborar una ley, aunque me parece incierto si es esta ley la que se debería elaborar.

Después de esta declaración de intenciones, pasamos a los aspectos técnicos de cómo debe ser la ley, poniendo especial énfasis en la cuantificación de objetivos fijados en ciertos valores arbitrarios, perpetrados probablemente en su despacho oficial por parte de alguien con formación en Económicas a golpe de tabla de Excel. La disquisición final sobre alternativas regulatorias y no regulatorias es de una exquisita futilidad y deja claro que quien domina el planteamiento del texto tiene formación en leyes (y probablemente poca en Física).

El formulario:

Las preguntas se estructuran en 6 bloques. Dejaré en itálica subrayada el título de cada bloque y en itálica el texto original de las preguntas. 

1. Cuestiones de carácter general

1.1.  ¿Considera adecuado y viable que la Ley regule conjuntamente el cambio climático y la transición energética para cumplir los objetivos que ha asumido España a nivel internacional y europeo?

Que es adecuado es de cajón para cualquier persona medianamente informada, pues el energético es el sector de mayor impacto sobre las emisiones de CO2. Lo de preguntar si es viable es un acto fallido o es de una ingenuidad dolorosa.

1.1.1. En su opinión, ¿Cuál debería ser el objeto de la Ley?

Esta pregunta es un apartado de la anterior, y la palabra "objeto" está marcada en negrita en el original. La pregunta tiene probablemente un sentido jurídico (toda ley debe tener un objeto, que debe ser especificado claramente en su preámbulo), pero tal cuestión es un tanto accesoria para las personas que quieren dar su opinión sobre qué se debe hacer. Más bien, el Ministerio debería elaborar por sí mismo este apartado a partir de las respuestas a preguntas de carácter más general y menos jurídicas. Nuevamente, se evidencia un sesgo por los aspectos jurídicos y un escaso interés por los técnicos (que en el caso de esta consulta deberían ser los más relevantes).

1.2. ¿Considera que la Ley es un instrumento útil para dotar a España de un marco jurídico estable a largo plazo que permita impulsar un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima?

Aquí lo que es curioso, aparte de la nueva insistencia en aspectos jurídicos, es el uso del artículo "la" en "la Ley". Si nos preguntaran si "una Ley es un instrumento útil..." la pregunta tendría cierto sentido, pues básicamente nos preguntarían si creemos que a través de una ley es posible impulsar ese modelo de desarrollo (aunque, alternativamente, si no es a través de una ley, ¿en qué estaríamos pensando? ¿en los mecanismos del libre mercado?). Ahora, como lo que nos preguntan es si "la Ley es un instrumento útil..." debemos entender que se refiere a esta Ley, es decir, esta Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética que ni siquiera está escrita (¿o sí que lo está?), cuyo texto no conocemos en cualquier caso. ¿Cómo se puede responder con sentido a una pregunta semejante?

1.2.1. En su opinión, ¿cuáles deberían ser los principios rectores de la Ley para que ésta asegure un marco jurídico estable a largo plazo?

Esta pregunta es un apartado de la anterior: vemos claramente que hay una obsesión en conseguir un marco jurídico estable a largo plazo, tanto que nos preguntan por ello. Para mí, más que los principios rectores lo que parecería importante es que fuera consensuada por la mayoría de los partidos políticos, pues así se podría evitar (o hacer menos probable) el bochorno y la inseguridad jurídica que genera habitualmente la regulación energética en España. Ya puestos, dada la importancia que se dice que tiene esta ley, se podría plantear hacerla una Ley Orgánica. En todo caso, estas cuestiones jurídicas siguen siendo un tanto extrañas para un proceso de consulta popular.

1.3.  ¿Considera que la Ley es un instrumento adecuado para dotar de coherencia a las actuaciones en España de lucha contra el cambio climático y para la transición energética?

Aquí la palabra destacada es coherencia, y para tal cosa imagino que lo que les importa es conseguir un marco legislativo único y evitar la dispersión normativa que suele suceder en España. En fin, sea ése u otro el aspecto que les preocupa, continúa siento un tema jurídico y muy accesorio a lo que debería ser esta consulta.

1.3.1. Enumere los principios rectores que asegurarían la coherencia de las actuaciones en España de lucha contra el cambio climático.

Un matiz del mismo color anterior. La respuesta simple a esta pregunta: que sea una competencia no transferida a las autonomías. Puestos a soñar, y saliéndonos del marco meramente jurídico, que se constituyera un panel internacional de expertos reconocidos que asesorara al Gobierno, con una comisión mixta Gobierno-Panel cuyas decisiones resultasen vinculantes. Por supuesto tal cosa no se le pasa ni por la imaginación a quien pregunta tal cosa.

1.4. Enumere los principios rectores de un modelo energético para lograr una economía baja en carbono.

Ésta es muy buena porque, visto el tono de las preguntas anteriores, es evidente que la pregunta tiene un carácter meramente jurídico; pero, dado lo que pide (lograr una economía baja en carbono), la respuesta es eminentemente técnica. Y para empezar cabe destacar que la pregunta está mal formulada, desde el punto de vista técnico: ¿una economía baja en carbono? ¿cuál economía? Pues existen diferentes modelos de economía (y en realidad de sociedad) asociados a diferentes modelos energéticos, todos ellos bajos en carbono: podría ser una sociedad neofeudal, o ecofascista, o decrecentista, o colapsante, o radicalmente municipalista, o un estado fallido o ecofeminista. Podría ser muchas cosas, pero la que no podría ser nunca es la única que el legislador tiene en mente: un modelo continuista respecto al actual, en el que simplemente se cambia las fuentes de energía fósiles por energías "verdes"; básicamente, lo que se viene llamando capitalismo verde. El capitalismo verde es, justamente, la única cosa que no se puede dar por, entre otras muchas, las razones que daba en el post anterior. Es un error garrafal no darse cuenta de que no se puede separar el modelo económico del político (o de sociedad), pero eso plantea preguntas demasiado incómodas para un legislador que tan sólo quiere abordar este problema tan grave y complejo como si pudiera ser tratado con pequeños apaños legislativos.


1.5.  Indique los principios rectores que, a su juicio, deben incluirse en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en lo referente a la transición energética.

Sería interesante saber en qué se diferencia esta pregunta de la anterior.


2.  En relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

2.1.  ¿Considera que la Ley debe contener objetivos cuantitativos? 

2.2.  En su opinión, ¿los objetivos de reducción de emisiones deben ser generales, sectoriales, o ambos?

2.3.  ¿Deben cubrir los objetivos de reducción de emisiones sólo a los sectores difusos (no incluidos en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión)?  

2.4.  ¿En qué horizonte temporal deben establecerse los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero? Esta pregunta admite varias respuestas


De manera sibilina aquí nos empujan a hablar con el lenguaje que habitualmente se utiliza para discutir estas cuestiones: que si para conocer la efectividad de las medidas hay que fijar objetivos concretos de emisiones de CO2 porque si no de otro modo no se sabe si se está avanzando, y cuánto; que hay que hacer planteamientos pragmáticos y llegar a valores acordados por todas las partes, siendo flexibles en los calendarios; y demás cuestiones de similar jaez que suelen adornar estas discusiones, y que se repiten en las preguntas de este bloque. Éste es un caso de apropiación de la agenda: se delimita sobre qué aspecto se puede discutir, y se abusa del detalle de ese aspecto hasta la náusea, hasta que se pierde la noción de qué era lo que se pretendía hablar en primer término; peor aún, muchos grupos ecologistas acaban haciendo propios estos términos de discusión como si fueran los únicos posibles, y consideran logros lo que son desplazamientos mínimos en la reducida dimensión en la que les están forzando a moverse, sin comprender que el verdadero problema se enmarca en otras dimensiones que se dejan inexploradas.

Discutir sobre objetivos cuantitativos muy precisos a aplicar a un aspecto muy concreto del problema que debería abordar la ley (las emisiones de CO2, estimadas con unas metodologías con sus propias limitaciones) es una mera distracción, teniendo en cuenta el calado de lo que se trata. No digo que las emisiones de CO2 no sean importantes, pero es que estas emisiones son más el síntoma que la causa del problema, y al centrarse en ese aspecto se le acaba convirtiendo en el fin en sí mismo y se pierde de vista el objetivo real. Peor aún, lleva a perversiones conceptuales, como la de intentar no cambiar nada excepto las emisiones y, rizando ya el rizo, llegar a creer que lo único que hay que hacer es contener las emisiones, como si éstas fueran independientes del sistema económico.

Toda la elaboradísima discusión actual sobre objetivos de emisiones, con sus porcentajes sectoriales y por países, cuotas y derechos de emisión, etc, es demostrablemente ineficaz, a pesar de que se pretenda lo contrario. Es una negociación pro-BAU, que parte de una concepción evolutiva de las medidas a adoptar para conseguir la transición. No sólo es inaceptable, sino que es completamente inútil, como muestran los años transcurridos desde el Protocolo de Kyoto y que las emisiones mundiales sigan creciendo, por más que los proponentes de estos mecanismos vayan buscando excusas para justificar su inutilidad en el mundo real. El fracaso de este enfoque se debe a que no se va a la raíz del problema. A estas alturas, sabemos de sobra que nuestro ritmo de emisiones de CO2 es tan alto que simplemente manteniéndolo unas pocas décadas más garantizamos un cambio climático de grandes proporciones y que pondría en peligro nuestro continuidad en el planeta. No es ya tiempo para negociar cuánto vamos a reducirlas y a qué ritmo, no; es tiempo para tirar a fondo de la palanca de freno y rezar para que el tren se pare antes del abismo. En vez de eso, seguimos jugando con las casillas de ficheros Excel absurdos mientras nada cambia en lo esencial, y la razón es porque no se quiere poner en peligro el crecimiento económico (a veces eufemísticamente referido como "competitividad"). Es hora de aceptar la verdad y comprender que no podrá seguir creciendo la economía sin un crecimiento del consumo de energía (como explica Gaël Giraud). Tanto es así que el estancamiento actual (los dos últimos años) de las emisiones de CO2, el cual se alaba como si fuera fruto de alguna política de contención de emisiones, probablemente se debe más que a nada al ligero retroceso del PIB global expresado en términos nominales, como mostraba Gail Tverberg en su último (y muy recomendable post):



Mientras no se comprenda que hace falta una reforma radical e inmediata de la economía para hacer frente al problema del cambio climático, el resultado será simplemente un proceso de autoengaño sin que las emisiones se reduzcan. De hecho, parece mucho más probable que las emisiones se reduzcan debido a la grave crisis económica que se acerca (y en la que probablemente intervendrá el futuro shock petrolero) que no a ninguna de las políticas que se dicen estar implementando.

Por resumir, las preguntas que se plantean en este bloque del cuestionario para la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética son tan poco apropiadas como si al abordar un tratamiento de cáncer nos preguntaran si preferimos el helado de fresa o el de chocolate.

3.  En relación a adaptación

Éste es uno de los dos bloques que tiene una frase introductoria, como sigue:

Existe un consenso generalizado sobre que la futura Ley debe dar respuesta al reto de gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima en España, facilitando la adaptación de nuestro país al cambio climático.

Consenso más que posible, aunque no sabemos de dónde se lo sacan. Vayamos a las preguntas de este bloque:

3.1.  ¿Cuáles son los elementos esenciales en materia de adaptación que deberían ser introducidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? Enumere los elementos.

Una de las pocas preguntas que, por su formulación, sería susceptible de permitir introducir alguna cuestión técnica relevante. Fíjense que este bloque no se llama "prevención" (evitar el cambio climático) ni "mitigación" (hacer que su efecto sea menor), sino "adaptación", es decir, no vamos a poder evitarlo y ni siquiera podremos controlar su intensidad, así que veamos cómo nos podemos adaptar lo mejor posible a él. Como alguna vez he comentado, esa evolución del lenguaje político en las últimas dos décadas, muy perceptible por ejemplo en los documentos de la Comisión Europea, es una aceptación implícita del fracaso de todas las políticas puestas en práctica hasta ahora.

La respuesta a esta pregunta podría ser extraordinariamente extensa; se podría plantear cambios en temas urbanísticos (adaptación de la línea de costa, obligación de construir a cierta elevación con respecto al nivel del mar, análisis de escorrentías), edificación (refrigeración pasiva, materiales a usar), subvenciones e indemnizaciones (a la adaptación de viviendas y negocios, a la reparación de daños considerados causados por el cambio climático), agrícolas (uso del agua en zonas hídricamente estresadas, cultivos prohibidos o obligatorios), sanitarios (establecimiento de protocolos de alerta temprana por la propagación de enfermedades tropicales hasta ahora ausentes en estas latitudes, cambios en las cartillas vacunales), laborales (regulación de las actividades al aire libre y temperaturas de confort) y así un larguísimo etcétera. Ahí tienen su cajetín: rellénenlo. Lástima que sea tan pequeño.

3.2.  ¿Cómo podría la Ley facilitar información, herramientas y capacitación, para incorporar la adaptación a la toma de decisiones?

Por si nos habíamos equivocado al leer la pregunta anterior, aquí ya nos van diciendo por dónde deben ir nuestras reflexiones. Estamos pensando sobre todo en formación y en "herramientas" (seguramente, competencias a las diversas administraciones). ¿Y qué nos preguntan?: "Cómo facilitar todo eso desde la Ley". No acaba de ser una cuestión meramente de técnica jurídica, como las primeras, pero poco le falta. En realidad, lo lógico es preguntar qué es lo que se necesita, y después que sean los juristas los que busquen la manera de articular esas necesidades, porque incluso lo que se proponga de buena fe no tiene por qué ser necesariamente jurídicamente correcto.
 
3.3.  ¿Qué mecanismos podría contemplar la Ley para asegurar un adecuado seguimiento de los impactos derivados del cambio climático y los efectos de las medidas de adaptación?

Heredando el vicio de la cuantificación de las emisiones de CO2, se nos está pidiendo que demos herramientas para el seguimiento. Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno complejo con multitud de ramificaciones y algunos de sus efectos son imposibles de anticipar ahora mismo. Lo que se quiere es que se hayan definido unos objetivos cuantificables de la ley para ver después si los mecanismos previstos habrán sido eficaces desde el punto de vista de la adaptación o no (básicamente, auditar la eficacia de la ley). Lo que en general es una buena idea, aquí no será demasiado útil debido a la gravedad de lo que se plantea, excepto para aquéllos que buscan colgarse una medalla y decir: "mira, como muestra nuestra auditoría sin nuestras medidas de adaptación las pérdidas hubieran sido X millones de euros mayores". Todo muy útil y muy con los pies en la tierra.

4.  Cuestiones relacionadas con el impacto económico, social y medioambiental.


4.1.  ¿De qué forma considera que hay que compatibilizar los objetivos medioambientales con los objetivos de competitividad, crecimiento económico y empleo?

Esta pregunta se contesta sola: de ninguna manera. Por supuesto tamaña herejía no cabe, y de nuevo vemos que lo único que se persigue es una vía para poder continuar con el BAU.

 4.2.  ¿Considera necesario que la ley consigne la realización de un análisis coste-beneficio  en términos económicos, sociales y medioambientales de las distintas alternativas regulatorias para atender a los objetivos marcados en materia de energía y clima?

Aquí la respuesta vuelve a ser no, pero no por la idea en sí - que es correcta - sino porque los criterios de coste y beneficio en los que obviamente se están pensando no son los que se deberían considerar. También, para abordar las diversas interrelaciones entre esas variables y de una manera más objetiva y con una herramienta más realista que una hoja de Excel es para lo que empezó el proyecto MEDEAS y otros similares. 

4.3.  ¿Considera útil que se analicen en particular los efectos económicos y sociales relacionados con el impacto en los precios de la energía que supondría cada una de las alternativas para el cumplimiento de los objetivos fijados en la ley? 

Y la respuesta vuelve a ser no. Tenemos ya sobrada experiencia de que los "mecanismos de mercado" (regulación vía precios), y resulta bastante obvio que es en eso (y probablemente sólo en eso) que se están fijando. Demuestran, una vez más, que sólo creen en esos mecanismos para abordar un problema tan grave y tan serio como el cambio climático y la transición energética. 

5. Cuestiones de carácter transversal:

5.1.  En relación a la revisión del cumplimiento

5.1.1. ¿Debería contener la Ley mecanismos de revisión? ¿Con qué periodicidad?

Obviamente sí, y la periodicidad debería ser frecuente, por ejemplo anual. Lo que obviamente no se contempla es revisar la propia ley, es decir, cambiarla para adaptarse a un problema que tendrá un aspecto cambiante y al que además, mientras sobreviva, el BAU intentará trampear para seguir a lo suyo. Revisar y actualizar la ley es quizá lo que más se necesitaría.

5.2.  En relación a las herramientas

5.2.1.   ¿Qué herramientas debe tener la Ley para cumplir con los objetivos que se fijen?

5.2.2.   En su opinión, ¿Es necesario incluir herramientas de carácter sectorial en la Ley?

5.2.3.   ¿Qué papel ejemplarizante debe desempeñar la Administración?

Una vez más vemos un exceso de detalle en cuestiones nimias y una falta de profundidad en las cuestiones clave. ¿Qué herramientas? Fácil: prohibición y sanciones draconianas. ¿Se puede hacer eso? A día de hoy no. ¿Herramientas de carácter sectorial? Cada sector tiene su idiosincrasia, pero en general todos se basan en un mismo sistema apoyado por los combustibles fósiles, y que sin él se caerían. Sectorializar impide ver las interdependencias y facilita "escurrir el bulto", aunque favorece que haya un ejército de burócratas revisando detalles insignificantes mientras ignoran el elefante en la habitación. ¿La Administración? Ha de dar ejemplo, claro, siempre, pero no le quedará más remedio, en realidad. 

5.3.  En relación a la arquitectura institucional y participación pública 

5.3.1.   ¿Qué órganos y disposiciones en materia de coordinación y participación pública debería contemplar la Ley para alcanzar sus objetivos de una manera eficiente?

Teniendo en cuenta que no tienen claro lo que tenemos que hacer, todo eso resulta una discusión completamente inane.

6.  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Éste es el otro bloque que tiene una frase introductoria, bastante inquietante por cierto:


En caso de no poder contar con un instrumento como una Ley que permita afrontar el reto que supone llevar a cabo una transformación ordenada de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al clima,


Y aquí viene la pregunta:

6.1 ¿Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no regulatorias, cree que serían necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos en materia de cambio climático y transición energética?

No estoy muy seguro de entender lo que se pretende con este bloque, pero parecería desprenderse de la primera frase que contemplan como una posibilidad muy real que la Ley finalmente no sea aprobada. La pregunta es: ¿y por qué creen eso? ¿Y para qué se estarían preparando en ese caso? La verdad es que la inclusión de esta discusión aquí me parece completamente extemporánea, o quizá no, pues podría ser que quisieran ganar tiempo sabiendo que habrá un rechazo de la Ley. Sea como fuere, es bastante sorprendente que el cuestionario concluya con esta pregunta.


Conclusiones:

En principio, la iniciativa del Ministerio de Energía (y todo lo demás) de abrir una página web para la consulta pública de qué cosas deberían incluirse en la futura Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética es algo positivo. Sin embargo, falta muchísima información de qué es lo que se pretende con ese formulario. Para empezar, no se dice en ningún lado a quién va dirigido, si a empresas del sector, profesionales, académicos y/o al público general, y eso es importante. Tampoco se dice qué se pretende hacer con la información que compilen de esos formularios: no sabemos si la ignorarán por completo o si aprovecharán algo de su contenido. El formulario en sí tiene un perfil excesivamente jurídico y da un marco muy cerrado de discusión, dando por sentado que las únicas cuestiones a considerar en este asunto tan capital son las que dejan abiertas, cuando el problema es mucho más amplio y la evidencia se acumula de que son justamente todos los aspectos ignorados los que tienen más peso (y fundamentalmente entre ellos el cambio del sistema económico, pues como ya comentamos un modelo de generación de energía 100% renovable es probablemente incompatible con un modelo económico basado en el crecimiento).

Abrir a la participación ciudadana cuestiones clave es algo positivo, pero no puede hacerse de cualquier manera. No se puede ofrecer un formulario tan cerrado, sin contexto ni perspectiva, que a la mayoría de las personas le parecerá tan áspero y alejado de ellas que dejarán de hacer aportaciones que podrían ser útiles. Parece que en el Ministerio están preocupados solamente en los aspectos de la técnica jurídica de la redacción de la ley y no se dan cuenta de que antes hay que discutir los hechos físicos básicos sobre los que se fundamenta el problema y las soluciones que se han de aportar. Un cuestionario como el actual invita a la desbandada y a la no participación, aunque tengo por seguro que el Gobierno publicitará después que para la elaboración de esta Ley se ha contado con mecanismos adecuados de participación ciudadana.

Resulta además chocante que en la discusión de un problema que lleva siendo analizado desde las Ciencias Naturales desde hace tiempo no se esté dejando prácticamente resquicio para la discusión de los hechos clave, ni siquiera para intentar proponer soluciones con base científica. En ese sentido, se echa mucho en falta la presencia en el proceso de participación ciudadana y en el de la elaboración de la Ley de un comité científico que pudiera asesorar con mejor criterio que el que se está demostrando con formularios tan cerrados, tan centrados en cuestiones de derecho y con tal desprecio a la realidad física que dicen querer gestionar. El asesoramiento científico es, para una ley de estas características, absolutamente imprescindible, pues los hechos sobre los que se trata no son materia de opinión, sino de discusión científica. La Ciencia, por definición, no es una práctica democrática sino aristocrática: el criterio que se impone (o se debería imponer) es el de la verdad objetivable, verdad que no nace ni puede nacer de la votación de opiniones más populares (¿o vamos a someter a votación si dos más dos son cuatro? ¿O si tenemos genes - no olvidemos que más de la mitad de los españoles cree que no tiene genes- ?). 

Todo el planteamiento de este formulario es una farsa. Como ya dije de buen principio, yo no tengo nada a aportar.

Y mientras seguimos ensoñándonos en cuestiones sin substancia, la realidad se impone con golpes de crueldad. Hoy le ha tocado a la ciudad donde trabajo, Barcelona. 

Salu2,
AMT